Lo de la Zeja y Zapatero ya es agua pasada. Ahora su nuevo protector es Mariano Rajoy. Y en esto pone mucho más empeño que su antecesor.
Conste y vaya por delante que soy un firme partidario de defender la propiedad intelectual de los artistas, pero de los artistas de verdad, no de los "artistas" que se aprovechan del trabajo de los demás.
Este gobierno, protector de la casta política, también quiere proteger a las castas mediáticas, audiovisuales y culturales. Paradójicamente sube el IVA a la cultura (que en España es un 3,5 % de aportación al PIB, en Francia un 4 %), perjudicando gravemente a los artistas curritos, ya que viven fundamentalmente de sus actuaciones, mientras favorece de una forma descarada a los medios de comunicación, industria cultural y sociedades de derechos de autor. Ya se sabe, siempre ha habido clases, y la marca de este gobierno es que siempre se note su toquecito clasista.
El borrador que maneja el gobierno para la reforma del canon digital y de la propiedad intelectual online intenta desesperadamente poner puertas al campo y mantener un concepto paleolítico de la cultura, que esta esté siempre al servicio del poder, aunque se disfrace precisamente de lo contrario. No es que esté, en este sentido, en la línea del PSOE, sino que le quiere superar.
En primer lugar, es intención del ministro Wert el cobro de un impuesto revolucionario a los agregadores de noticias (Google News es el más conocido) para subvencionar a los medios de comunicación. ¿Qué ocurrirá? Nada, ya que las noticias seguirán apareciendo en los buscadores. ¿Quién lo pagará? El internauta, el usuario, el ciudadano en definitiva, ya que Google cerrará el servicio en España o de alguna manera se cobrará la multa, repercutiéndola sobre bloggers, anunciantes o vaya Vd. a saber que, pero afectando a la pequeña economía nacional, que aunque no lo parezca, depende una parte de Google (reparaciones, pequeñas tiendas, hotelitos, etc.).
En segundo lugar, muy en la línea de Mariano Rajoy, apostando por hacer lo contrario de lo prometido. Si bien, se contemplaba que una autoridad competente pudiera cerrar páginas de enlaces que atentaban contra los derechos de propiedad intelectual, pero ¿para que intentar parecer garantistas, si nos podemos acercar a la legislación de China o Irán?. Se estudia la posibilidad de que las entidades de gestión de derechos de autor puedan acceder a la IP desde la que se conectan los internautas y así identificarlos. Una violación en toda regla de un derecho fundamental y constitucional, como es el de la intimidad, amparado en el artículo 22 de la Constitución. Se restringe el derecho de copia privada, de tal modo que las descargas dejan de estar amparadas por el mismo, aunque quien las haga tenga una copia original de la obra. Y la Secretaría de Estado de Cultura podría cerrar sitios web entre seis y doce meses e imponerles sanciones de hasta 150.000 euros, sin mediar juez, ni tribunal.
El borrador que prepara el gobierno, con el fin de favorecer a los medios de comunicación subvencionados, a las entidades culturales subvencionadas y a las sociedades de gestión de derechos de autor, actúa contra los derechos de los ciudadanos, perjudicando a las pequeñas economías, con formas más propias de países totalitarios que democráticos. Que me digan donde está la defensa de los pequeños artistas, aquellos que se están buscando la vida, día a día, sin subvenciones, de verdad.
La cosa pinta pero que muy mal. La criticada Ley Sinde se queda muy corta comparada con las intenciones del Gobierno. El Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, actúa como si en vez de actuar a favor de los intereses de los ciudadanos y la economía nacional, lo hiciera en defensa de los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor. Por otra parte, Lassalle ha mantenido como subdirector general de Propiedad Intelectual a Carlos Guervós, que ya ocupaba el cargo con Ángeles González-Sinde. Nada ha cambiado. O acaso a peor.
Jaime Arroyo
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