Las autonomías aprovechan la educación y las transmisiones patrimoniales para perpetrar atracos legales

Nos están empobreciendo

Atracar (Del ár. [a]traqqà, y este del ár. clás. taraqqà, propiamente 'ascender').

1. tr. Mar. Arrimar unas embarcaciones a otras, o a tierra. U. t. c. intr.
2. tr. Acercar, arrimar.
3. tr. Asaltar con propósito de robo, generalmente en poblado.
4. tr. Cerrar el hueco por el cual se ha introducido el explosivo, a fin de asegurar su efecto.
5. tr. coloq. Hacer comer y beber con exceso, hartar. U. t. c. prnl.
6. tr. And. y Chile. Golpear, zurrar.
7. tr. Chile Besar y acariciar eróticamente a alguien. U. t. c. intr. Juan y María iban atracando que era un gusto
8. tr. C. Rica y Cuba. estafar (‖ pedir o sacar dinero con engaños).
9. prnl. despect. coloq. Cuba. comer gofio.
10. prnl. Ven. atascarse (‖ obstruirse un conducto).
11. prnl. Ven. Dicho de una cosa: Encajarse con otra tan fuertemente que es difícil separarlas.

Estafar

1. tr. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar.
2. tr. Der. Cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio.


Las autonomías están desangrando a España. Y el problema, más que ser la configuración territorial (Estados Unidos y Alemania son repúblicas federales y no tienen estos problemas) es la corrupción, el caciquismo, el clientelismo y el desmadre que impera en ellas.

Hoy vamos a poner de ejemplo una autonomía, cuya gestión económica "en teoría" es "ejemplar". Vamos a demostrar que de ejemplar no tiene nada. Y esta es de las más, "en teoría", saneadas. Pues como serán las otras.

En España, en general, no existe una cultura financiera, que ha sido una causa, entre otras, de la burbuja inmobiliaria. Tampoco existe una cultura administrativa, que es causa de que se eche la culpa de muchos temas a los funcionarios, en vez de a sus verdaderos responsables, los políticos.

Hay que diferenciar impuestos, tasas y precios públicos. Los impuestos tienen sus leyes específicas. Las tasas y precios públicos están regulados por la ley 8/1989 de 23 de Abril de Tasas y Precios Públicos.

Impuesto es un tributo que se exige a causa de una actividad económica. Las tasas son tributos que se pagan por utilizar un servicio público para un interés privado y lo pagarán sólo los afectados, por ejemplo, el pago de un vado al ayuntamiento. En cambio, los precios públicos.es el pago de determinadas prestaciones por servicios y actividades públicas que también se realizan por parte del sector privado y cuya solicitud es voluntaria, por ejemplo, la entrada a una piscina municipal.

En cuanto al establecimiento de las tasas, las entidades públicas deben tener en cuenta el principio de equivalencia, que establece que el pago que se realice debe ser como máximo lo equivalente al coste, y el principio de la capacidad de pago, que dice que en la medida de lo posible el ente público debe acomodar las tasas a nuestra capacidad de pago.

Pues bien, el Gobierno de Castilla y León ha establecido tasas que incumplen estos dos principios. Así, por poner algunos ejemplos en el ámbito educativo, el título de Bachiller cuesta 52,45 euros; aquellos funcionarios autónomicos que soliciten la autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades públicas o privadas deberán abonar 75 euros; en el caso de la contratación por parte de las universidades de profesor doctor, el ayudante doctor, el profesor de universidad privada con título de doctor o profesor colaborador, se deberá pagar 170 euros por la evaluación o emisión de informe. El coste máximo de estas prestaciones no llega a los 10 euros, pero como se puede comprobar, la administración autonómica infla estas tasas.

Pero no acaba aquí la cosa. En cuanto al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la autonomía de Castilla y León mantiene la valoración de bienes con precios de antes de la burbuja inmobiliaria. Es decir, si alguien compra o vende un piso a precio muy inferior al de mercado, el porcentaje a pagar de este impuesto va a ser de como lo valore la autonomía, no de su precio real de mercado. Y si no se está de acuerdo, pues no queda más remedio que ir al recurso contencioso-administrativo.

Y si esto es malo en Castilla y León, en Cataluña es peor. Al menos, en Castilla y León, se puede obtener información vía Internet sobre la valoración de bienes. En Cataluña, si se quiere un informe sobre la valoración de bienes, hay que pagar nada menos que 455,70 euros.

El despilfarro y el mantener unos gastos de la clase política muy por encima de las posibilidades del contribuyente están llevando al empobrecimiento de la mayoría de la población española. 

Y curiosamente, oigo a muy pocos políticos decir que hay que poner freno a esto. Unos, como Rajoy, dicen que eso no se toca. Los otros que ha traído la properidad. Y otros sí, hablan de casta, pero no de quitarla, sino de sustituirla.

Estamos en un callejón sin salida, porque, lamentablemente, al ciudadano lo que hagan los políticos con su dinero a veces parece darle de lado.

Jaime Arroyo

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1 comentarios:

  1. La autonomía de Castilla y León es la más cara a la hora de pasar la ITV y de las más caras en matrículas universitarias, casi el doble que Galicia. Si esta es la buena gestión que venga Dios y lo vea.

    Fuera autonomías, que sólo son para el disfrute de los políticos.

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